El lunes 18 de febrero, el diario El Mercurio publicó una nota sobre el interés del Gobierno en realizar una modificación legal que permita a la banca acceder a las bases de datos de las casas comerciales (Falabella, Paris, Ripley, etc.) para consultar la información comercial positiva, esto es, cuantas deudas tienen y están pagando ordenadamente las personas.
No se trata de que deudas están impagas o haya morosidad, cuestión que ya saben, sino que lo que quieren es conocer quién les dio crédito y cuál es el monto, justificándolo por razones de supresión de riesgos.
Raro, raro, raro.
Me recuerda la ocasión en que fui a Almacenes París y pedí una tarjeta, y para fijarme el cupo me preguntaron cuanto me habían dado de cupo en Falabella.
Aunque el tema da para una filípica completa, en realidad sólo se pueden escribir 350 palabras, así que escribí lo que sigue, aun cuando es improbable que se publique.
Señor Director:
En la edición de ayer, la Subsecretaria de Hacienda avala una futura transferencia forzada de información de deuda positiva desde las casas comerciales a la banca, sosteniendo que eso “es algo que no se hace en Chile”.
Debió agregar que eso no se hace en Chile y tampoco en los países desarrollados, que han proscrito esta práctica por constituir grave amenaza a los derechos y libertades de las personas.
La información debe circular libremente, si, pero cuando ella es necesaria en función de sus fines.
¿Para qué necesitan los bancos conocer deudas que se pagan religiosamente?. ¿Para evaluar el riesgo de los créditos que extienden?. La verdad es que no, y no sólo porque los bancos siempre han sabido evaluar créditos y aferrarse a las garantías, sino también porque el público habitual de las casas comerciales no son hasta ahora clientes crediticios de la banca, entre otras razones, por sus altos intereses.
Entonces, la información sólo podría interesarles para la captación de nuevos clientes, aprovechando el trabajo y metodología de las casas comerciales, las cuales tienen el deber de custodia y confidencialidad de los datos de sus clientes, quienes son los legítimos propietarios de la información.
No es rol de Hacienda elaborar planes de negocios para la banca privada y si lo que quisiera evitar es la distorsión que se produce cuando las casas comerciales entregan datos a sus propios bancos, el camino a seguir es una simple prohibición del tráfico y no la apertura indiscriminada al acceso a los datos de los ciudadanos, datos que en estricto rigor no necesitan para sus operaciones normales pues en su mayoría corresponden a gente que no son sus clientes y que tampoco les autorizarían a obtenerlos.
Es triste ver la inconsistencia de autoridades públicas que denuncian un día lo vulnerables que son los ciudadanos en la protección de sus datos personales, y por extensión en todos sus demás derechos, para luego anunciar con entusiasmo medidas de destrucción de esos derechos, sin nunca ver la relación entre lo que se dice y lo que se hace”.
